En agosto, Bolivia vivirá una de las elecciones más atípicas y polarizadas de su historia reciente. Entre los candidatos que buscan llegar a la presidencia destaca Chi Hyun Chung, un pastor presbiteriano nacido en Corea del Sur que llegó al país siendo niño, se nacionalizó boliviano y construyó una carrera como líder religioso y empresario. Fundador de hospitales e iglesias, Chung ya intentó sin éxito llegar a la silla presidencial en dos ocasiones previas. Sin embargo, en 2019 logró posicionarse en el tercer lugar gracias al apoyo de sectores campesinos y urbanos empobrecidos que respaldaron sus posturas conservadoras y críticas hacia la comunidad LGTB. En el ámbito económico, su discurso único parece centrarse en rechazar cualquier vínculo con el comunismo.
Este año, el Dr. Chi, como es conocido popularmente, competirá bajo las siglas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), un partido histórico que lucha por mantenerse vigente tras no haber participado en las elecciones de 2020. Según la legislación boliviana, si el MNR no obtiene al menos el 3% de los votos en esta ocasión, perderá su reconocimiento oficial ante el Tribunal Electoral. La decisión de postular a Chung, aunque inusual, refleja una tendencia recurrente en el sistema político boliviano: partidos que carecen de estructura sólida o liderazgo propio, optan por apoyar figuras mediáticas en busca de supervivencia electoral.
La fragmentación del panorama político comenzó durante el predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2023, cuando Evo Morales asumió la presidencia como el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, la división interna entre Morales y el actual presidente, Luis Arce, ha dejado al MAS debilitado y fragmentado. Este vacío ha permitido que otros actores políticos ocupen el espacio, aunque muchos lo hacen sin una ideología clara ni coherencia programática. Ejemplo de ello son figuras como Jaime Dunn, un operador bursátil con ideas libertarias, o Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien ahora representa al Partido Demócrata Cristiano, otro histórico en riesgo de desaparecer.
Incluso figuras como el exmandatario Jorge Quiroga han recurrido a partidos «de alquiler», utilizando siglas prestadas para inscribirse en la contienda. Esta práctica también podría beneficiar a posibles candidatos de izquierda que hoy están marginados del MAS, como Evo Morales —inhabilitado legalmente pero decidido a participar— y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y voz emergente de organizaciones sociales. Mientras Morales explora opciones para postularse, Rodríguez enfrenta presiones desde el Chapare, bastión cocalero leal a Morales, para que no compita y fracture aún más la izquierda.
El analista político Armando Ortuño describe este escenario como uno marcado por «fragmentación, falta de claridad ideológica y desorden». Con alrededor de 13 candidatos en liza, incluidos nombres más consolidados como Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y el propio Arce, las elecciones prometen ser «abiertas, virulentas e inciertas». Para Ortuño, es probable que una opción de centroderecha o derecha salga victoriosa, aunque advierte que podría ser necesario recurrir por primera vez al mecanismo de segunda vuelta establecido en la Constitución de 2009. Esto se debe, en parte, a que la intención de voto por Arce ha caído drásticamente, situándose por debajo del 5% según encuestas confiables.
La insatisfacción pública subyace en este contexto electoral. Según el Latinobarómetro, el 88% de los bolivianos considera que la situación económica es mala o muy mala, el peor resultado en la región. Además, un sondeo revela que el 87% de la población desea un rumbo radicalmente distinto al actual gobierno de Arce. Frente a este descontento generalizado, los frentes opositores al MAS tienen ventaja, impulsados por tres factores clave: la fractura del modelo hegemónico del MAS, la crisis financiera que afecta al país y un ambiente de escepticismo y pesimismo social.
Sin embargo, las elecciones enfrentan riesgos adicionales. Algunos sectores han presentado recursos de inconstitucionalidad contra aspectos de la convocatoria electoral, lo que podría poner en peligro el proceso. Ante estas amenazas, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han instado a los jueces a priorizar el derecho colectivo de los ciudadanos a elegir un nuevo gobierno sobre demandas individuales. Ambas instituciones han garantizado que los comicios se realizarán el 17 de agosto sin contratiempos.
En resumen, Bolivia se encuentra en un punto de inflexión. Las elecciones representan una oportunidad para superar la crisis, pero también un desafío enorme debido a la fragmentación política, la polarización y la incertidumbre que rodea el futuro del país.